La Cámara de Senadores de Santa Fe sancionó de manera definitiva este jueves la ley que incorpora al Código de Convivencia provincial un régimen de penalidades específico contra la actividad no autorizada de cuidacoches en la vía pública. La Cámara alta rechazó las modificaciones que había introducido Diputados e insistió con la redacción original impulsada por el senador del departamento Rosario, Ciro Seisas.
La normativa alcanza a toda persona que, sin habilitación oficial y en distritos donde la actividad se encuentre expresamente prohibida por ordenanza local, ofrezca espacios para estacionar a cambio de una retribución económica —sea voluntaria o exigida— o realice labores de custodia, lavado y limpieza de vehículos en la vía pública.
El nuevo marco legal establece sanciones escalonadas:
- Penas iniciales: Trabajo comunitario de dos a diez días y la prohibición de concurrencia al lugar donde se constató la falta.
- Reincidencia: Arresto efectivo de diez a veinte días.
- Agravantes (sanciones duplicadas): Se aplicarán cuando medien violencia física, intimidaciones o amenazas; cuando la actividad se desarrolle en zonas de estacionamiento medido, en inmediaciones de espectáculos masivos, en horarios nocturnos o en sectores bancarios, escolares, comerciales y de dependencias públicas.
- Asociaciones ilícitas: En situaciones donde se constante la coordinación previa entre dos o más personas, se impondrá arresto directo, con una pena agravada para quienes sean identificados como líderes u organizadores del circuito.
Durante su intervención en el recinto, Seisas remarcó que la iniciativa responde a un reclamo histórico de la ciudadanía: «Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación de IA. Nació en los mensajes, comentarios y reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas», expresó, advirtiendo que en muchas zonas urbanas la actividad derivó en «bandas organizadas que extorsionan e intimidan a los automovilistas».
Por último, el legislador aclaró que la puesta en práctica dependerá de la autonomía de cada localidad: «Cada ciudad va a poder diseñar su propia ordenanza según su realidad». De este modo, aquellos municipios y comunas que dispongan la prohibición contarán a partir de ahora con el respaldo de la legislación provincial para ordenar el espacio público y requerir la intervención directa de las fuerzas de seguridad.
