Decíamos ayer que se había abierto otro capítulo en la disputa tripartita entre la Municipalidad de Roldán, la Cooperativa de Provisión de Servicios de Agua Potable y Obras Públicas de Roldán Ltda y el desarrollador Jumito Inmobiliaria acerca de la red cloacal en el barrio Punta Chacra, que genera múltiples inconvenientes estéticos y sanitarios a los vecinos, un verdadero foco infeccioso y donde sus habitantes reiteran que los responsables “se pasan la pelota”.
Dimes y diretes de una disputa con un marcado trasfondo político, donde los únicos perjudicados son los vecinos, primero con una obra que no se realizó en tiempo y forma según lo estipulado y luego con chicanas entre prestadores que hasta hoy no condujeron a nada.
Tras el comunicado de COPROL donde procede “a exigir la entrega formal de la red cloacal ante la falta de respuesta de Jumito y la Municipalidad”, el titular del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, brindó explicaciones sobre la posición y las decisiones del órgano legislativo.
“En el discurso de apertura de sesiones, el Intendente nos hace llegar una nota donde, entre otras cosas, intima a la Cooperativa a la firma del convenio, sobre el cual se estuvo trabajando durante 6 meses, entre todas las partes intervinientes, incluidas la vecinal”, manifestó Alustiza.
“Al día siguiente de esa situación, la Cooperativa, a través de su representante legal que es el presidente, envía una nota al municipio solicitando que se la ponga en la administración de la obra, pero exigiendo una serie, justamente, de obras sobre la zona para tomarla”, agregó.
“Hay una contradicción en el discurso que tiene el presidente de la Cooperativa en los medios”, marcó tajantemente Alustiza: “entonces, por un lado, expresa una situación que después, en los papeles, va por otro camino… la realidad es que dentro del convenio que marcó, en el que trabajamos 6 meses, partía de la base de una mesa de negociación donde COPROL presentó un presupuesto para realizar obras que las solventaba el desarrollador privado, el cual estaba dispuesto a hacer la erogación”.
Sobre la parte de la obra que iba a ser absorbida por el municipio, “que no estaba dentro de la planificación de la red, pero que entendíamos a través del presidente de COPROL que era una obra necesaria para mejorar el funcionamiento de la red”, correspondía a la elevación de unas bocas de registro: “es decir que, económicamente, la Cooperativa no tenía ningún tipo de erogación en esa situación”. Además, “el desarrollador cumplimentaba sus obligaciones entregando grupos de electrógenos para que cuando se cortara la luz las bombas pudieran seguir funcionando, en la limpieza de todo el mantenimiento de la red, como para entregarla en condiciones”.
Sobre cómo va a seguir esta historia, Alustiza señaló que “esto va a tomar dos caminos diferentes”.
“Una cuestión es la jurídica, donde el Ejecutivo intimó, le dio un plazo de cinco días hábiles a la Cooperativa para que lo firme, bajo apercibimiento de recurrir al ENRESS, y en definitiva si tiene que solicitar la intervención por parte del ENRESS a la ejecución de la obra lo va a hacer.”
“En lo que tiene que ver con las obras, en forma paralela, más allá de la discusión jurídica, el Ejecutivo empezó a tomar ciertas medidas, se estuvieron realizando estudios y alguna obra de mitigación mientras demore el avance de la solución definitiva para descomprimir la situación.”
Sobre el “por qué ahora y por qué no antes”, Alustiza indicó: “se buscó siempre el respeto a la institución, a la Cooperativa, que a través de sus representantes legales estuvo sentado en una mesa de negociación y la tomábamos como una forma de formar parte de la solución al problema, que en realidad terminó siendo parte del problema y no de la solución”.
