La Justicia Federal condenó a Giselle Sullivan y Alida Andrea Ortigala a tres años de prisión de ejecución condicional, tras un juicio abreviado donde admitieron su responsabilidad en el delito de encubrimiento agravado. Las mujeres fueron halladas culpables de facilitar la logística de alquileres para Maximiliano Ortigoza, un peligroso vendedor de droga que se encontraba prófugo.
La investigación, llevada adelante por los fiscales Franco Benetti y Santiago Alberdi, fue contundente gracias a los peritajes telefónicos realizados. Según las pruebas, ambas mujeres tenían pleno conocimiento, al menos desde el año 2022, de que Ortigoza era buscado por la Justicia Federal en causas de narcotráfico.
El rol de Roldán en la logística
Un dato clave de la causa revela que la estructura para mantener oculto al narco incluyó diversas localidades de la región. Según los fiscales, Ortigala gestionó al menos cinco inmuebles para el prófugo entre 2023 y octubre de 2024:
- Dos propiedades ubicadas en la ciudad de Roldán.
- Una vivienda en Granadero Baigorria.
- Dos departamentos en Rosario.
Ortigoza, oriundo de Granadero Baigorria, fue finalmente capturado el pasado 1° de octubre en las cercanías de Puerto Norte, en Rosario. Al momento de su detención, la Policía descubrió que en el departamento que ocupaba funcionaba una presunta «cocina» de cocaína, donde se secuestraron precursores químicos como acetona y elementos para el estiramiento de la sustancia.
Además de la pena de prisión condicional, la Justicia les impuso a Sullivan y Ortigala la prohibición de salir del país por el término de dos años sin previa autorización judicial. Para los investigadores, el aporte de las mujeres fue fundamental no solo para que el delincuente eludiera a la ley, sino para que pudiera continuar con su actividad ilícita en distintos puntos de la región.
