La presentación penal se realizó tras reiterados reclamos por la disposición de residuos en territorio de Correa, a pocos metros del río Carcarañá y de zonas productivas, instituciones y barrios habitados.


El presidente comunal de Correa realizó una denuncia penal contra la Municipalidad de Carcarañá por la conformación de un basural ilegal dentro del ejido comunal, en un sector considerado estratégico tanto desde el punto de vista ambiental como productivo y social.

De acuerdo a lo manifestado, el basural se encuentra ubicado a aproximadamente 200 metros de la desembocadura del arroyo Cañada de Gómez en el río Carcarañá, en un área que hasta hace seis años era de difícil acceso y que recuperó su transitabilidad tras la construcción del nuevo puente blanco, mejorando la conexión para la producción y para los vecinos de la zona rural.

Desde la Comuna señalaron que este avance logrado en los últimos años se ve hoy opacado por la aparición de basurales ilegales, pese a los reclamos realizados previamente para que estas acciones se detuvieran. Ante la falta de respuestas, se resolvió avanzar por la vía judicial.

Uno de los puntos más llamativos de la denuncia indica que, al llegar al lugar, se habría observado a personal de la Municipalidad de Carcarañá que vestía indumentaria con el logo oficial, retirarse del sitio y cambiarse la ropa por otra sin identificación municipal.

La preocupación se extiende también al impacto que genera esta situación en el entorno. En las cercanías se encuentra uno de los feedlots más importantes de la Argentina, que brinda trabajo a numerosos vecinos de Carcarañá, además de la institución “Refugio de los Gauchos”, dedicada a la preservación de las tradiciones argentinas y sede de múltiples actividades culturales.

Asimismo, a unos 300 metros del lugar se ubica el Barrio Formoseño, donde viven numerosas familias. A esto se suma la quema habitual de residuos, cuyo humo —según advirtieron— se dispersa hacia la ciudad de Carcarañá, generando malestar y preocupación entre los vecinos.

Desde la Comuna de Correa reiteraron el pedido de una pronta intervención judicial para frenar estas prácticas, proteger el ambiente y resguardar la salud y la calidad de vida de la población.