Representantes de las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe presentaron un nuevo petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro, en el que solicitan la adecuación y ampliación del “Plan integral para las fuerzas de seguridad”, anunciado por el Poder Ejecutivo los días 5 y 6 de febrero de 2026.
La presentación fue realizada por personal policial autoconvocado en actividad, efectivos en situación de retiro y familiares, con el patrocinio letrado del abogado Dr. Gabriel D. Sarla, en el marco del derecho constitucional de petición ante las autoridades. En el documento, los firmantes advierten sobre una situación que califican como de “gravedad institucional y humana”, con impacto directo en la prestación del servicio de seguridad pública.
En el texto, los representantes policiales reconocen y valoran los anuncios oficiales vinculados a la cobertura integral de salud mental, el refuerzo del transporte gratuito, el alojamiento para personal con residencia fuera de los grandes centros urbanos y la actualización de suplementos y adicionales económicos.
No obstante, remarcan que el componente salarial del plan mantiene una lógica de segmentación interna, al no alcanzar a todo el personal por igual, y sostienen que no se aborda de manera estructural la recomposición del haber básico ni de los conceptos remunerativos y bonificables, tanto para el personal en actividad como para los retirados.
El petitorio también señala falencias persistentes en materia de infraestructura, condiciones laborales y organización de los traslados, factores que, según indican, afectan la salud, el descanso y la seguridad del personal, con consecuencias directas en la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.
Entre los principales reclamos, solicitan que el plus económico anunciado sea otorgado a todo el personal policial sin distinciones; una recomposición salarial de carácter permanente; la revisión de asignaciones familiares; la extensión de la Tarjeta Alimentaria Policial a todos los efectivos; mejoras verificables en dependencias policiales; readecuación de destinos para reducir traslados excesivos; compensaciones por distancia o soluciones habitacionales; y la limitación del uso sistemático de las Órdenes de Servicio Extraordinario.
Asimismo, los firmantes exigieron garantías para que la presentación del reclamo no derive en represalias ni sanciones disciplinarias, y solicitaron la apertura de una mesa de diálogo institucional con representantes de los autoconvocados para abordar integralmente la problemática y acordar un cronograma de implementación.
El documento concluye con el pedido de una respuesta institucional acorde a la gravedad de la situación planteada y reafirma la voluntad de los representantes policiales de encontrar soluciones de fondo mediante el diálogo y medidas concretas.
