Un fuerte contrapunto se desató en las últimas horas entre Vialidad Nacional y el empresario Néstor Rozín, titular del complejo Sol de Funes. El conflicto gira en torno a obras de pavimentación e ingreso realizadas sobre la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba, a la altura del kilómetro 307.
Mientras el organismo estatal califica la obra como un «acceso clandestino» que pone en riesgo la vida de los conductores y exige su demolición, el empresario sostiene que su única intervención fue reparar una traza intransitable para garantizar la seguridad y el trabajo de cientos de personas.
La intimación de Vialidad Nacional
A través de un comunicado oficial emitido con fecha 23 de mayo, Vialidad Nacional notificó al propietario por la ejecución irregular de subidas y bajadas que conectan la traza principal de la autopista con el predio privado.
Según el organismo, estas conexiones constituyen una grave infracción a las normas de seguridad vial por los siguientes motivos:
- Falta de infraestructura: No cuentan con carriles de aceleración o desaceleración, iluminación, señalización preventiva ni evaluación técnica.
- Riesgo de siniestros: Obligan a los conductores a realizar frenadas repentinas y giros indebidos, generando diferencias bruscas de velocidad con los vehículos que circulan por la vía rápida.
Por todo ello, Vialidad intimó formalmente a la inmediata restitución de la traza a su estado original.
La respuesta de Rozín: «Retrotraer la obra es volver a los pozos»
En diálogo con nuestro medio, Néstor Rozín rechazó las acusaciones y apuntó contra la inacción del Estado y de la empresa concesionaria. «En un lugar donde existe un peaje, donde se cobra y no se brinda ningún servicio, es insólito. El primer error de Vialidad es permitir que te cobren y no te brinden seguridad», disparó.
El empresario aclaró que su intervención no fue crear una conexión clandestina para cruzar la autopista, sino reparar la colectora existente.
«No hice ninguna entrada, ninguna salida, nada. Mejoré los pozos. Era intransitable, teníamos que entrar a Kentucky para poder salir. Acá entran 200 personas a trabajar por día, transitan 27 familias que viven al lado, entran 10.000 raciones de comida y hay eventos de hasta 5.000 personas en el campo de deportes lindero. Lo hice yo porque la burocracia lleva tiempo y teníamos que resolverlo», argumentó Rozín.
Rozín confirmó que ya contestó la carta documento el pasado viernes, amparándose en el Artículo 123 de la Constitución y en jurisprudencia local (citando obras realizadas por la Municipalidad de Rosario sobre Circunvalación en su momento). Finalmente, dejó abierta la puerta a una solución consensuada: «Me puse a disposición. Como dice el Gobierno Nacional, debe haber un acompañamiento público-privado, pero para eso tenemos que mantener un diálogo».
