El referente inmobiliario analizó el proyecto de ley que debate el Congreso y diferenció los desalojos formales de las usurpaciones indebidas. Si bien la falta de pago en contratos de locación se mantiene por debajo del 10%, advirtió sobre el encendido de alarmas ante la suba de tarifas, expensas y la pérdida de poder adquisitivo.

En medio del debate legislativo sobre modificaciones en los plazos y mecanismos de desalojo, el referente del sector inmobiliario Diego Ferreyra brindó un panorama detallado sobre el impacto real que podría tener la normativa y analizó la situación económica que atraviesan los inquilinos y propietarios en la provincia de Santa Fe.

Estadísticas nacionales y diferenciación de casos

Ferreyra remarcó la importancia de contextualizar el número de procesos judiciales que llegan a instancias extremas en el país:

  • Cifras de desalojo: En la República Argentina se registran anualmente entre 1.200 y 1.400 desalojos efectivos.
  • Contratos vs. usurpaciones: El especialista diferenció a los inquilinos con contrato formal de aquellos casos de intrusión u ocupación ilegal sin vínculo contractual previo, donde la respuesta judicial suele ser más directa y expedita.
  • Expensas y alquileres: Las expensas cuentan con título ejecutivo y poseen una vía judicial de cobro mucho más rápida que el canon locativo tradicional.

La morosidad en números: alquileres y economía real

Al analizar los niveles de cumplimiento en las obligaciones financieras, Ferreyra contrastó la realidad del mercado inmobiliario frente a otros sectores comerciales y bancarios:

  • Mora bancaria y crediticia: En Santa Fe, la morosidad en productos bancarios y plataformas fintech se ubica en torno al 20%.
  • Cadenas comerciales: En el rubro de electrodomésticos y consumo minorista, los atrasos rondan el 50%.
  • Mercado locativo: En contratos de alquiler, la morosidad se mantiene controlada por debajo del 10%.

La incógnita en los tribunales santafesinos

Pese al bajo porcentaje de mora en los alquileres, el referente advirtió que la presión sobre las familias es creciente debido al aumento sostenido en servicios públicos (luz, agua, gas) y expensas. Respecto a la aplicación de un eventual régimen de desalojo abreviado, señaló que la clave estará en cómo cada juzgado y circuito judicial interprete y ejecute en la práctica la letra de la ley frente a las situaciones de vulnerabilidad social.