El Gobierno de la provincia de Santa Fe continúa con paso firme en su decisión de cobrar a los responsables por los gastos que generan las falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos. Entre el viernes y el sábado pasado, se entregaron 11 notificaciones en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un monto total que supera los 36 millones de pesos.
La medida busca que los adultos responsables de los alumnos identificados asuman el costo real de los operativos, que incluyen el despliegue de brigadas de explosivos, patrulleros, combustible y horas de servicio del personal policial.
“¿Qué hiciste, no te da vergüenza?”
Uno de los momentos más tensos de las jornadas de notificación ocurrió cuando el personal policial llegó a un domicilio para informar una deuda de $5.802.007. Según trascendió, una abuela increpó duramente a su nieto al enterarse de la millonaria cifra que la familia deberá afrontar por el «chiste» del menor.
Plazos y consecuencias legales
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue tajante al explicar la naturaleza de estas intimaciones:
“No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial. Esto permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”.
Los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para abonar de forma voluntaria. Una vez vencido este término, los expedientes son derivados a la Fiscalía de Estado para iniciar el cobro por vía judicial. Los montos son variables y se calculan según los recursos afectados en cada intervención específica.
Desde el Gobierno resaltaron que estas acciones administrativas avanzan de forma independiente a las causas penales que puedan derivar de los hechos.
