Una causa tan larga como tediosa y que increíblemente habla de los tiempos de un sistema judicial y político que no asume otro término que impresentable desde todo punto vista es la conocida como causa Cedulón, un reclamo que ya lleva 28 años y que cada tanto se vuelve a reactivar.
La deuda de la causa Cedulón se remonta al año 1994, durante la administración del ex intendente Roberto Miguel Di Santo cuando la Municipalidad de Roldán decidió no abonar el contrato suscripto por la UTE Dafly S.A. para la realización de labores catastrales, originando en 1996 el inicio de un juicio que todavía no tiene fin.
Recordamos que en mayo de 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó que la Municipalidad roldanense sufriese el embargo del 10% de los fondos de coparticipación, que en aquel entonces se traducía en $1.000.000 aproximadamente, para abonar el capital del juicio, deuda que por aquel entonces era de $17.000.000. En noviembre de 2018, cuando la Provincia comenzó dicho embargo, el por entonces intendente José María Pedretti advirtió que Roldán podía entrar en cesación de pagos y expresó que estaba dispuesto “a dejar la llave de la Municipalidad a la Corte Suprema o a la Gobernación” si esta situación se concretaba.
El paso de los años y los desmanejos de todos los cráneos de los ministros de Economía que avalaron la bicicleta financiera originaron los descalabros que produjeron que la deuda se inflase al ritmo que hoy la cifra de la citada causa se ubicase en torno de los $80.000.000.
El Cedulón abrió otro capítulo el último día lunes con un video en las redes sociales donde el actual intendente Daniel Escalante se refirió a este inconveniente, video complementado 24 horas después con una conferencia de prensa para explicar los alcances de una ejecución del descuento en la coparticipación.
Escalante indicó que cada mes la Municipalidad dejará de recibir más $3.000.000 hasta completar los $80.000.000, es decir un plazo de algo más de dos años, siendo el primer descuento el correspondiente a la coparticipación de este mes. “Es un monto altísimo para este municipio literalmente quebrado”, manifestó el titular del Ejecutivo, quien además indicó que solicitará una investigación judicial para la administración Pedretti señalando que “deberá dar explicaciones por semejante daño” y que esta situación «nos va a condenar durante muchos meses a tener menos dinero para realizar obras».
Por su parte el dr. Iván Ludueña, secretario de Legal y Técnica, manifestó que «la situación judicial que enfrenta hoy el Municipio en cuanto a honorarios firmes, consentidos y sin ningún recurso por delante para defendernos, es realmente alarmante y grave«, y recalcó que el caso va a ser estudiado «minuciosamente para hacer una oferta seria, arreglar con la contraparte y ponerle un punto final».
