A poco más de dos meses del homicidio del suboficial rosarino Eduardo Damián López, ocurrido tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol en Carcarañá, la Justicia resolvió morigerar la medida cautelar que pesaba sobre uno de los dos hombres acusados por el hecho. En una audiencia celebrada en los Tribunales de San Lorenzo, el juez Guillermo Lanfranco Pari concedió el cese de la prisión preventiva efectiva a Agustín Amarilla.
La resolución judicial dispuso que el imputado cumpla prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria en la vivienda de su madre en Carcarañá, con prohibición de salir de la localidad salvo para concurrir a firmar a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y restricción absoluta de contacto con testigos. Asimismo, se le fijó una caución económica de dos millones de pesos. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Pablo Baños, manifestó su férrea oposición al fallo y confirmó que presentará un recurso de apelación ante la Cámara Penal. A diferencia de Amarilla, el otro acusado en la causa, Julio César Zalazar, continuará alojado en un establecimiento penitenciario tras ratificarse su preventiva efectiva por 120 días.
El ataque tuvo lugar el 28 de junio en inmediaciones del predio deportivo donde Cremería y Sportivo Las Parejas disputaron el encuentro definitorio del campeonato. Tras el partido, un grupo de simpatizantes locales arremetió contra los efectivos que cumplían servicios adicionales. De acuerdo con la acusación fiscal, en medio de las agresiones, Zalazar tomó una barra de hierro de construcción y la clavó en la base del cráneo de López, mientras que Amarilla empujó el elemento para profundizar la herida letal. El suboficial fue trasladado en gravísimo estado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, donde falleció a las pocas horas.
La decisión de otorgarle el beneficio a uno de los sospechosos causó profundo pesar e indignación en el entorno de la víctima. Bianca, pareja del agente asesinado, exteriorizó su malestar en redes sociales e instó a los vecinos que presenciaron el hecho a prestar declaración para evitar que la causa quede impune: “Hay personas que estuvieron ahí, personas que saben, personas que vieron. Por favor, si viste, escuchaste o sabés algo sobre lo que ocurrió ese día, hablá. Él ya no puede contar su versión ni pedir justicia él mismo; nosotros tenemos que hablar por él”, expresó.
En paralelo, la pesquisa encabezada por el Ministerio Público de la Acusación sigue abierta para individualizar al resto de los hinchas que formaron parte de la agresión colectiva. Para acelerar las tareas de identificación y motivar la declaración de testigos, el organismo mantiene vigente una recompensa de 25 millones de pesos para quienes aporten datos certeros sobre los involucrados.
