En el día de mañana se cumplirán dos años de la máxima tragedia vial ocurrida en las rutas de nuestra región, cuando aproximadamente a las 11 horas de ese 24 de febrero de 2017 dos colectivos pertenecientes a la firma Monticas SA impactaron frontalmente en el kilómetro 779 de la Ruta Nacional 33, entre las localidades de Pérez y de Zavalla.
Como consecuencia del impacto, trece personas perdieron la vida y otras 37 sufrieron lesiones entre gravísimas, graves y leves, cuando aparentemente uno de los rodados habría sufrido el reventón del neumático delantero izquierdo para cruzarse de carril e impactar con el otro micro, causa que no ha podido establecerse definitivamente debido a la conjunción de la ausencia de los peritajes y la deliberada inacción de los poderes políticos, judiciales y empresariales implicados.
Al día de la fecha, cinco responsables de Monticas están imputados como coautores de Homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas, expresando el fiscal Walter Jurado la conducta negligente e imprudente, por omisión del deber de vigilancia, control, supervisión y selección idónea del personal de organización, y provisión de los medios y recursos necesarios para la prestación en adecuadas condiciones de seguridad del servicio. Sin embargo, ninguno de ellos se encuentra detenido y es de recalcar que la imputación se tomó un tiempo de 22 meses.
Algunos días después del siniestro, el Gobierno de Santa Fe decidió quitarle todas las concesiones a Monticas haciéndose cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al empresario rosarino Agustín Bermúdez. Fue el único gesto del poder político respecto al tema, llamándose a un silencio absoluto por el resto, en clara señal de que lo único que importa es el negocio, seguir facturando, mientras la memoria de quienes perdieron la vida esa mañana continúa valiendo nada.
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