El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, completó con éxito el proceso de licitación pública para la privatización de la Vía Navegable Troncal, un paso considerado histórico para el sector privado y el comercio exterior argentino. Mediante la publicación de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el cierre de las evaluaciones y la adjudicación del contrato a la firma Jan de Nul-Servimagnus, la cual presentó la mejor oferta económica y técnica.
El cierre del proceso licitatorio se dio bajo condiciones de absoluta convalidación de los dictámenes técnicos, ya que no se registraron impugnaciones por parte de ninguna de las empresas participantes. La firma definitiva del contrato comercial se prevé para dentro de un plazo máximo de 30 días.
Rebaja de costos logísticos y obras estratégicas
La privatización de la vía fluvial activará de manera inmediata beneficios directos para los sectores productivos e industriales del país, destacándose los siguientes puntos estratégicos informados en el documento oficial:
- Reducción de costos: Se implementará una baja del 13,5% en los costos logísticos globales, aliviando la carga financiera de los productores argentinos.
- Carga en origen: Las obras planificadas permitirán que los buques completen su capacidad de carga directamente en los puertos de origen, expandiendo la frontera productiva nacional.
- Obras de profundización: Se iniciarán tareas de dragado y profundización del canal para optimizar la navegabilidad de las embarcaciones de gran porte.
- Seguridad y Narcotráfico: El proyecto contempla la incorporación de tecnología de última generación destinada a mejorar la seguridad en la navegación y aportar herramientas clave para el combate al narcotráfico en la región fluvial.
Fin de la gestión estatal y auditoría de la ONU
La adjudicación de la ruta —por donde se moviliza el 80% del comercio exterior de la Argentina— marca de manera definitiva el fin de la etapa estatal de administración directa. A partir de la firma del contrato, se abrirá una nueva era de inversión privada donde el Estado nacional mantendrá exclusivamente el rol de autoridad de control, pero sin intervención operativa directa.
Toda la tramitación de la licitación pública cumplió con los más altos estándares internacionales de calidad técnica y transparencia, habiendo sido auditada en cada una de sus etapas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo dependiente de la ONU.
La conclusión del proceso contó con el respaldo explícito de una gran cantidad de usuarios privados, entre los que se destacan la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro Exportador de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Asimismo, manifestaron su plena conformidad los gobiernos de las provincias litoraleñas y norteñas de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
