MUMALÁ EXIGE DECLARAR LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO: SANTA FE LIDERA LA TASA DE FEMICIDIOS DEL PAÍS
En diálogo con Informe Regional, Gabriela Sosa, referente del colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), presentó las alarmantes cifras del último informe nacional, que contabiliza 200 femicidios y más de 600 intentos en lo que va del año. Advirtió que la provincia encabeza los índices en relación con su población y reclamó a la Legislatura santafesina el urgente tratamiento del proyecto de ley para reasignar partidas presupuestarias y agilizar la asistencia. Además, alertó que apenas el 12% de las víctimas fatales había podido denunciar previamente y cuestionó el desfinanciamiento en políticas de prevención y Educación Sexual Integral (ESI).
Una profunda preocupación atraviesa a las organizaciones sociales y de derechos humanos frente a la persistente escalada de violencia machista. En los estudios de Canal 4 Regional, la referente de MuMaLá, Gabriela Sosa, expuso las conclusiones del más reciente registro del observatorio de la organización, que documentó 200 femicidios en la Argentina entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, a los que se suman más de 600 intentos de asesinato frustrados.
En ese marco, Sosa remarcó la crítica situación que atraviesa el territorio santafesino: “Santa Fe lamentablemente encabeza la lista de las provincias con la tasa más alta de femicidios en proporción a la cantidad de habitantes mujeres. Es un cuadro gravísimo y por eso, junto a múltiples organizaciones, estamos exigiendo que la Legislatura debata y apruebe el proyecto que declara la Emergencia en Violencia de Género en la provincia”.
La dirigente explicó que la sanción de dicha normativa resulta imprescindible para dotar de herramientas operativas al Poder Ejecutivo: “La emergencia permite agilizar partidas presupuestarias, reordenar fondos y adquirir insumos de manera inmediata, eliminando las trabas burocráticas para asistir a quienes están en riesgo, tal como se hace ante una emergencia hídrica o de seguridad”.
Uno de los datos más reveladores del relevamiento radica en la baja proporción de denuncias formales previas a los desenlaces fatales. “Apenas el 12% de las mujeres asesinadas en el último período había denunciado previamente a su agresor. Existe un contexto de desaliento, una falta total de recursos del Estado nacional para campañas informativas y un desconocimiento de los dispositivos de ayuda. A ello se suma la dependencia económica respecto del violento y la desconfianza en que la Justicia dé una respuesta efectiva y célere”, puntualizó.
Asimismo, Sosa subrayó la importancia de la intervención ciudadana y comunitaria ante situaciones de peligro inminente: “Lo primero que hay que hacer ante un hecho en la vía pública o en una vivienda vecina es llamar al 911 para interrumpir la agresión. Luego, no dejar sola a la víctima, acompañarla y acudir a los Centros Territoriales de Denuncia (CTD), comisarías, fiscalías o a las áreas de género locales de cada municipio”. En esa línea, recordó que las comisarías tienen la obligación legal de tomar las denuncias de inmediato y que ante la desaparición de una mujer, niña o adolescente no se debe esperar un plazo de 24 horas para radicar la exposición.
Por último, la referente de MuMaLá alertó sobre el impacto del desmantelamiento de las políticas públicas de prevención a nivel federal y la reducción de equipos técnicos provinciales, reivindicando la aplicación plena de la Educación Sexual Integral (ESI): “Es una herramienta fundamental desde el nivel inicial para desarmar estereotipos, trabajar masculinidades con los varones y detectar tempranamente abusos sexuales en la infancia; no se pueden recortar los recursos destinados a salvar vidas”.
