La abogada y docente María Eugenia Aseguinolaza brindó detalles sobre la Ley 27.801, que entrará en vigencia el 5 de septiembre. Explicó el paso a la órbita de los jueces penales, la posibilidad de querellas por parte de las víctimas y alertó sobre problemáticas frecuentes en las aulas, como peleas y la difusión no consentida de imágenes íntimas.

De cara a la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), prevista para el próximo 5 de septiembre, especialistas en derecho llevan adelante charlas informativas en instituciones educativas para concientizar a estudiantes y familias sobre las implicancias y responsabilidades legales que establece la normativa.

En diálogo con Canal 4 Regional, la abogada y docente María Eugenia Aseguinolaza remarcó que la reforma introduce una modificación sustancial en el abordaje judicial: «Lo trascendente no es únicamente la baja de la edad de punibilidad a los 14 años, sino el cambio integral del sistema de juzgamiento. Se pasa del antiguo esquema tutelar a la órbita directa de tribunales y jueces penales, bajo las garantías y procesos formales del Código Penal».

Durante sus intervenciones en escuelas de nivel secundario, la letrada puso el foco en conductas frecuentes que ahora conllevan consecuencias penales concretas, tales como lesiones en peleas callejeras o a la salida de las instituciones, y transgresiones digitales en crecimiento vinculadas a la viralización de fotos íntimas o material editado con inteligencia artificial. Frente a ello, aclaró que los damnificados pueden presentarse como querellantes para impulsar la acción penal, exponiendo a los involucrados a procesos que contemplan desde medidas socioeducativas y restricciones hasta la privación de la libertad según la gravedad del delito.

Finalmente, Aseguinolaza subrayó que la provincia de Santa Fe ya adecuó sus juzgados y dispositivos para la aplicación de la ley dentro del plazo de 180 días otorgado a las jurisdicciones, e insistió en la necesidad de que padres y adolescentes utilicen esta información para rediseñar los límites de convivencia y evitar situaciones de violencia en el ámbito escolar y social.