A principios del pasado mes de febrero, el Observatorio de la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana daba a conocer la primera estadística del año 2021 del Registro Nacional de Femicidios, una recopilación de hechos publicados en medios gráficos y digitales donde se pone en cifras “las violencias, desigualdades y vulnerabilidades que padecemos mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, maricas y no binaries”.
En aquel entonces se contabilizaba que solamente en enero se habían producido 26 femicidios, 20 de los cuales son femicidios directos, 5 vinculados de niños/varones y 1 vinculado de niñas/mujeres; una estadística a la que había que sumar 5 muertes violentas asociadas al género, la mayoría de ellas vinculadas a economías delictivas o colaterales, y otras 7 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación.
De esta manera el total por aquel entonces eran 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, más 36 intentos de femicidios. Cerrado el mes de julio las estadísticas no son nada alentadoras ya que el Registro actualizado contabiliza 199 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, y 194 intentos de femicidios.
El desglose de las 199 muertes es de 128 femicidios, femicidios vinculados y trans – travesticidios; 31 muertes violentas asociadas al género: 32 muertes violentas en proceso de investigación; y 8 suicidios feministas.
Los números por sí solos son escalofriantes pero no alcanzan a reflejar de manera palpable la urgentísima necesidad de establecer herramientas que brinden una protección a las víctimas de violencia de género. Para profundizar en esta problemática dialogamos nuevamente con Gabriela Sosa, quien es la directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLa, quien insistió en el urgente pedido para que el Congreso Nacional destrabe el proyecto de ley para declarar la denominada Emergencia Ni Una Menos.
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