TRAGEDIA ESCOLAR EN SAN CRISTÓBAL: DICTARON EL SOBRESEIMIENTO DEL MENOR QUE ASESINÓ A UN COMPAÑERO DE 13 AÑOS
A siete meses del hecho que conmocionó a la provincia y al país en la Escuela Mariano Moreno, el juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento de Gino C., el adolescente que en marzo ingresó armado a la institución y mató a tiros a un estudiante de 13 años. El fallo judicial hizo lugar al planteo de la defensa técnica, fundamentado en que el agresor tenía 15 años al momento del ataque y resultaba no punible bajo la legislación penal juvenil aplicable en esa fecha, previo a la reforma que bajó la edad de imputabilidad a 14. La resolución no desconoce su autoría en el crimen y dispuso medidas de seguimiento y resguardo estatal.
A siete meses del trágico suceso que conmocionó a la comunidad educativa santafesina y encendió alarmas en todo el país, la Justicia penal resolvió sobreseer formalmente a Gino C., el adolescente que en marzo de este año ingresó con un arma de fuego a la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal y asesinó a un compañero de 13 años.
La resolución fue dictada por el juez penal José Boaglio a partir de una presentación efectuada por los abogados defensores del menor, Mariana Oroño y Federico Kiener. El eje central del planteo radicó en que, al momento de perpetrar el ataque armado en el establecimiento, el atacante tenía 15 años de edad, condición que lo tornaba inimputable penalmente de acuerdo al régimen penal juvenil vigente en el país al momento de los hechos. Si bien con posterioridad el Congreso de la Nación reformó la normativa y redujo la edad de punibilidad a los 14 años, por principio constitucional de irretroactividad de la ley penal más gravosa, la nueva norma no puede ser aplicada hacia atrás en el tiempo.
Desde los estrados judiciales aclararon que la medida no implica bajo ningún aspecto desconocer la intervención y autoría material del joven en la muerte de su compañero, sino la imposibilidad legal de aplicarle una condena o pena de carácter criminal. En ese mismo sentido, y pese a quedar sin reproche penal, el magistrado dispuso la continuidad de medidas tutelares, de seguimiento interdisciplinario y de resguardo bajo la intervención directa de organismos especializados del Estado provincial.
El caso provocó en su momento un profundo impacto institucional y abrió una compleja línea de investigación federal y cibernética. Las pericias posteriores detectaron la vinculación del atacante con comunidades virtuales radicalizadas, entre ellas la denominada True Crime Community y redes coercitivas internacionales como la «Red 764», plataformas dedicadas a manipular a adolescentes e incitar a la concreción de ataques y masacres en establecimientos educativos a escala global.
