La PDI intervino tras la aparición de mensajes intimidatorios en baños escolares. Un joven de 16 años fue demorado y se secuestraron dispositivos electrónicos. En paralelo, la Provincia ya reclama 200 millones de pesos a los responsables de este tipo de hechos por los costos de los operativos.

La ola de amenazas anónimas que afecta a los establecimientos educativos de la provincia tuvo hoy un capítulo clave en el departamento Caseros. Bajo las órdenes de la fiscal Rocío Cosgaya, la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó tres allanamientos simultáneos en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina, logrando identificar a tres menores presuntamente vinculados a las intimidaciones.

La investigación se disparó tras las pintadas detectadas en los baños de la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda. Las tareas de inteligencia señalaron como principal sospechoso a un alumno de 16 años, quien además habría instigado a otros estudiantes a replicar estas conductas.

Resultados de los operativos

Los procedimientos, autorizados por la jueza Fabiola Piemonte, arrojaron los siguientes resultados:

  • Casilda: Se trasladó a sede policial a un menor de 16 años (N.Á.) y se le secuestró su teléfono celular.
  • Arteaga: En relación a pintadas en la Escuela N° 206, se identificó a un niño de 12 años y se incautaron un celular, una computadora y dos revólveres de juguete (a cebita).
  • San José de la Esquina: Por hechos en la Escuela N° 542, se identificó a un menor de 11 años y se secuestró un dispositivo móvil.

Mientras que el joven de 16 años fue notificado formalmente de la causa por amenazas anónimas, no se dispusieron medidas judiciales restrictivas para los menores de 12 y 11 años debido a su edad.

Multas millonarias: la Provincia pasa la factura

Más allá de la instancia penal, el Gobierno de Santa Fe lanzó una fuerte contraofensiva económica. Esta tarde se confirmó el envío de 39 intimaciones para cubrir los costos de los operativos policiales derivados de estas falsas alarmas y amenazas.

El monto total reclamado asciende a 200 millones de pesos. El Ministerio de Justicia y Seguridad inició estas acciones patrimoniales para que los padres o tutores de los menores identificados se hagan cargo de los gastos operativos (combustible, horas hombre, despliegue de brigadas de explosivos). Hasta el momento, el MPA ya ha logrado identificar a 73 autores en todo el territorio provincial.