El colectivo de personas con discapacidad y los prestadores de servicios se encuentran en estado de alerta máxima. En diálogo con Canal 4 Regional, Pablo Bolego brindó detalles sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo Nacional, bajo la firma de Mario Lugones, ingresó al Senado el pasado sábado. Según el dirigente, esta iniciativa busca desmantelar los avances logrados con la reciente Ley de Emergencia en Discapacidad.
Los dos ejes del ajuste: Pensiones y Nomenclador
Bolego fue contundente al explicar que la reforma propuesta por el Gobierno Nacional ataca directamente la autonomía y el sustento de miles de personas a través de dos puntos clave:
- Restricción de Pensiones: El proyecto establece que solo podrán acceder al beneficio quienes sean mayores de 70 años, carezcan de recursos y no puedan trabajar. «Vuelven a la lógica de la pensión por invalidez laboral, cuando nosotros luchamos por una pensión universal que reconozca las barreras que ya enfrentan estas personas», explicó.
- Desregulación del Nomenclador: Se propone eliminar el piso mínimo de las prestaciones básicas. Esto permitiría que cada obra social pague el valor que desee por los servicios (terapias, centros de día, etc.), lo que, según Bolego, «terminará rompiendo el sistema por completo».
El transporte: un servicio en vías de extinción
Uno de los sectores más golpeados es el de los transportistas especiales. El atraso en los pagos (recién se están liquidando octubre y noviembre) sumado al aumento de costos operativos, ha vuelto la actividad inviable.
«Un vehículo hoy cuesta entre 70 y 90 millones de pesos. Es imposible mantenerlo con un arancel de $790, cuando un taxi o un remís cuesta $1.100. Nadie hace esto como un negocio, se hace por vocación», afirmó Bolego.
Según un relevamiento del sector, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el 50% de los transportistas ya ha dejado de brindar servicios por falta de rentabilidad.
Gestiones y reclamos
Bolego informó que ya se han realizado presentaciones ante el Ministerio de Salud de la Nación y el Concejo Deliberante de Rosario. El objetivo es que los legisladores de todos los arcos políticos comprendan la gravedad de lo que se está debatiendo en el Congreso.
«El Estado debe estar presente. Abrir las importaciones no va a traer centros de día ni traslados. Necesitamos un sistema fortalecido y que los medicamentos y pensiones lleguen a quienes los necesitan para vivir», concluyó.
