En una extensa audiencia celebrada en el Centro de Justicia de la ciudad de Casilda, once personas fueron imputadas formalmente por integrar una aceitada estructura criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes (cocaína y marihuana) bajo la modalidad de microtráfico.
La investigación fue impulsada por el fiscal jefe de la Unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Franco Carbone, junto al fiscal de la misma unidad, Dr. César Cabrera Molino. De acuerdo a la acusación presentada, la organización funcionó de manera ininterrumpida al menos desde enero de 2025 hasta septiembre de este año, valiéndose de múltiples locaciones para el acopio, fraccionamiento y venta directa al público.
Durante la primera jornada del proceso, los fiscales expusieron la radiografía de la banda y los roles específicos de cada eslabón. Como líder y autor intelectual fue señalado Alberto F. L., encargado de coordinar las directivas, aportar los recursos económicos y hasta financiar el sostenimiento de personas vinculadas a la red que ya se encontraban detenidas.
En un segundo escalón, como partícipes necesarios de la logística, fueron imputados Franco A. L. (nexo directo con el organizador para el traslado del material), Daiana L. M. (encargada de indicar los puntos de venta y recaudar las ganancias) y Magalí E. R. (responsable del abastecimiento constante hacia los domicilios de venta).
Finalmente, otras siete personas fueron acusadas en calidad de partícipes secundarios, cumpliendo roles fungibles centrados en la guarda, fraccionamiento y expendio al consumidor final. Los imputados en este rubro son Mirta C. N., Sasha M. L., Iván M. C., Luisina M. W., Javier O. B., Luciana M. B. y Ramón H. R., este último encargado de preparar el material en un local comercial utilizado como fachada para ocultar las maniobras ilícitas.
Tras la presentación de las evidencias iniciales este último viernes, la audiencia pasó a un cuarto intermedio. El debate se reanudará mañana, martes 22 de septiembre, jornada en la cual la fiscalía discutirá y solicitará las correspondientes medidas cautelares privativas de la libertad para los acusados.
