La reaparición de columnas de humo y focos de fuego en el delta del río Paraná volvió a encender el alerta ambiental y sanitario en las ciudades de la ribera santafesina. En comunicación con Canal 4 Regional, Rodolfo Martínez, referente de la Multisectorial por los Humedales, describió el crítico panorama actual y denunció una alarmante falta de voluntad política y judicial para frenar las quemas intencionales.
«Lo vamos siguiendo a través de los mapas satelitales de la NASA y lo cotejamos con registros fotográficos que nos envían vecinos desde Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y Rosario», detalló Martínez. A su vez, remarcó la contradicción entre los discursos oficiales y la realidad territorial: «Hay una retórica a nivel nacional de ‘el que las hace las paga’, pero acá las hacen y nadie paga. Pareciera ser que a los gobiernos no les interesa buscar culpables ni combatir los focos ígneos».
En el plano judicial, el ambientalista apuntó contra el reciente fallo del juez federal de Victoria, Federico Martín, quien dictó la absolución de todos los imputados en las causas por incendios en el delta. «Es un retroceso enorme. En lenguaje judicial marca la pauta de que se puede seguir quemando ilegalmente y no pasa nada. Es el mismo juez que después toma café con los empresarios agroganaderos de la zona», fustigó.
Asimismo, Martínez puso el foco en la opacidad administrativa de la provincia de Entre Ríos respecto a la tenencia de la tierra:
- Tierras públicas: El 50% de las islas del humedal corresponden a tierras fiscales. «¿Quién arrienda esas tierras fiscales? ¿Se cobran formalmente para el Estado entrerriano o las cobra un funcionario de turno?», cuestionó.
- Hermetismo catastral: Señaló que mientras Santa Fe cuenta con un catastro público y accesible, Entre Ríos mantiene oculta su base catastral, lo que impide determinar la titularidad de los lotes incendiados.
Frente a esta situación, la Multisectorial se encuentra articulando acciones conjuntas con organizaciones socioambientales entrerrianas para incentivar el aporte de información comunitaria mediante recompensas, insistiendo en que el marco normativo de reserva existe pero carece de un poder punitivo que sancione el negocio extractivo sobre el ecosistema.
