FUNES: CITAN A IMPUTATIVA A DOS DESARROLLADORES DE DAMFIELD POR PRESUNTA ESTAFA TRAS LA DENUNCIA DE UN FUTBOLISTA
El fiscal Ramiro González Raggio convocó a audiencia imputativa para el próximo 17 de noviembre a dos empresarios vinculados a la comercialización del barrio cerrado clausurado en Funes. La investigación penal se originó a partir de la denuncia del futbolista Denis Rodríguez, quien aseguró haber desembolsado 96 mil dólares por un lote que nunca le fue entregado, sin posibilidad de recuperar los fondos.
La controversia en torno al barrio cerrado Damfield, emplazado en la ciudad de Funes y clausurado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe debido a severos incumplimientos normativos, sumó en las últimas horas un trascendental capítulo judicial en el fuero penal. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ramiro González Raggio, citó formalmente a audiencia imputativa a dos de los principales responsables de la comercialización del predio bajo sospecha de presunta estafa.
Los convocados por la Justicia son Darío Maximiliano Fernández, presidente de la firma Davik S.A. e integrante del fideicomiso a cargo del desarrollo, e Ismael Villegas Kalac, quien se desempeñaba como operador e interlocutor comercial con los adquirentes. Ambos deberán presentarse el próximo 17 de noviembre en las dependencias de la Fiscalía en Rosario para comparecer en estado de libertad, luego de que la fecha original de la audiencia fuera postergada a solicitud de sus abogados defensores.
El expediente penal se motorizó a partir de una presentación efectuada por el futbolista Denis Rodríguez. De acuerdo con la denuncia radicada ante el MPA, el comprador rubricó un boleto de compraventa en agosto de 2023 por un lote en dicho barrio cerrado, alcanzando una inversión total de 96.000 dólares. El último desembolso, estipulado en unos 8.000 dólares, se efectuó en julio de 2024, una fecha en la cual el loteo ya se encontraba clausurado administrativamente por la Provincia por carecer de los estudios de impacto ambiental y los permisos hídricos reglamentarios.
La hipótesis investigativa que conduce el fiscal González Raggio busca determinar si los imputados incurrieron en una maniobra ardidosa tendiente a percibir sumas millonarias de dinero ocultando deliberadamente a los clientes que el proyecto no contaba con los avales indispensables para avanzar ni para ser urbanizado. Como parte del cuerpo probatorio, la fiscalía avanza con el análisis pericial de boletos de compraventa, recibos, transferencias bancarias y transcripciones de conversaciones mantenidas vía WhatsApp entre Rodríguez y Kalac.
El llamado a imputativa se produce en un escenario sumamente desfavorable para los impulsores del emprendimiento inmobiliario, luego de que la Justicia provincial rechazara los planteos de la empresa contra el Estado santafesino tanto en primera como en segunda instancia, ratificando la paralización de las obras. Si bien la desarrolladora mantiene un litigio en el fuero contencioso administrativo en busca de reabrir el expediente, en el ámbito penal se evaluará la responsabilidad individual de los empresarios en la captación de fondos. Desde el MPA recordaron que la citación a audiencia no prejuzga culpabilidad y constituye la instancia formal donde los acusados conocerán los hechos atribuidos y podrán brindar su versión de los hechos.
