Allá lejos y hace tiempo se gestó la idea de la construcción de un canal de navegación que comprendiese los ríos Paraná y Paraguay y algunos de sus afluentes, con el objetivo de que por allí se trasladasen grandes volúmenes de carga particularmente de combustibles, productos agrícolas y minerales.
Este proyecto que comprende a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia suponía beneficios tales como el favorecimiento del comercio, el incremento del consumo en la zona portuaria y las tarifas por la utilización de sus servicios, aún en detrimento de los importantes perjuicios medioambientales que acarrea.
Más allá de todo ello, lógicamente hay un meganegocio detrás de ella y es su concesión, la cual vence el próximo 30 de abril y donde el Ministerio de Transporte ya ha decidido extender la misma. Sin embargo, desde hace un tiempo se debate y se sostiene que se debe recuperar de manera soberana esta estratégica vía que brinda unos u$s 200 millones anuales de acuerdo a la estimación brindada por el periodista Germán Mangione.
Con él dialogamos acerca del tratamiento que debe recibir la Hidrovía, en un diálogo que debe incluir a sectores empresariales, gremiales, sociales y ambientales como así también a los municipios comprendidos en esta vía que desde el año 1995 explotan en conjunto la empresa local Emepa con su colega belga Jan de Nul sobre un tramo de 1200 kilómetros, de los cuales dos tercios comprenden nuestra provincia.
Recordamos que a fines de agosto de 2020 el presidente Alberto Fernández había anunciado en la ocasión de la firma del Acuerdo Federal por la Hidrovía, acto celebrado en Puerto General San Martín y que como fondo tenía las columnas de humo de los incendios en las islas, la creación de una empresa estatal que efectuase las labores de su dragado, mantenimiento y señalización, algo que inmediatamente fue dejado de lado tal como indica el Decreto Nacional n° 949/20 emitido apenas 90 días después.
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