El escenario para la infraestructura vial de nuestra región cambió drásticamente este viernes. A través del Decreto 253/2026, el Gobierno Nacional oficializó la delegación de facultades para que Santa Fe (junto a otras ocho provincias) pueda otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio.
Esta medida es la respuesta directa a los insistentes reclamos de la gestión de Maximiliano Pullaro ante el deterioro de las calzadas y la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional.
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El plan prioritario: La A012 y el acceso a los puertos
La prioridad absoluta de Santa Fe es la Ruta Nacional A012. La provincia ya tiene diseñado un plan integral para este corredor estratégico:
- Plan de contingencia: Inversión inmediata de $5.000 millones para mejorar el estado actual de la calzada.
- Tasa única portuaria: Se proyecta crear un ente público-privado con participación de las comunas para cobrar una tasa a los camiones que arriben a las terminales, volcando esos recursos exclusivamente al mantenimiento de la ruta.
- Financiamiento: El plan cuenta con el aval de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
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Las condiciones del nuevo esquema
El decreto aclara que no hay transferencia de propiedad: las rutas siguen siendo nacionales, pero Santa Fe será la responsable de administrarlas. Algunos puntos clave:
- Convenios específicos: Se deben firmar acuerdos con Vialidad Nacional para definir tramos y plazos (máximo 30 años).
- Plazos estrictos: Una vez aprobado el convenio, la provincia tiene un año para licitar. Si no lo hace, la potestad vuelve a Nación.
- Uso de fondos: El dinero recaudado por peajes solo podrá reinvertirse en el tramo concesionado.
- Responsabilidad legal: Santa Fe asumirá la responsabilidad por la ejecución de los contratos y eventuales reclamos por daños.
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Un paso hacia la descentralización
Santa Fe integra la primera etapa de este esquema federal junto a provincias como Córdoba, Mendoza y Neuquén. Según el texto oficial, la iniciativa busca «fortalecer el federalismo» permitiendo que quienes mejor conocen el territorio gestionen la infraestructura, especialmente en un contexto donde el Estado Central ha decidido retirar la inversión directa en obra pública.
Nación se reserva el derecho de retomar el control de los tramos si existieran razones de interés público, garantizando que el servicio no se interrumpa.
