La reforma del Régimen Penal Juvenil ya fue aprobada por el Congreso y se convirtió en ley, aunque aún resta su promulgación y reglamentación. Se trata de una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que comenzó a debatirse en 2025 y que introduce cambios profundos en el sistema penal aplicable a menores de edad en la Argentina.
Uno de los puntos centrales de la norma es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. A partir de esta modificación, se crea un Régimen Penal Juvenil Especial destinado a adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados según la edad y el tipo de delito. La ley establece que no se aplicarán los mismos criterios ni sanciones a un menor de 14, a uno de 16 o a uno de 18 años, y que el juzgamiento estará a cargo de jueces especializados, distintos de los que intervienen en causas de adultos.
El nuevo régimen se apoya en principios constitucionales como la legalidad, la proporcionalidad, la excepcionalidad de la privación de la libertad y la prioridad en la rehabilitación del menor. En ese marco, la detención quedará reservada para delitos gravísimos, mientras que en otros casos se prevén medidas alternativas como la libertad vigilada y programas de acompañamiento y rehabilitación.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la implementación. La ley prevé un presupuesto que, según distintas provincias, resulta insuficiente para afrontar las reformas edilicias, la creación de centros especializados y la logística necesaria. Las diferencias territoriales y demográficas entre provincias —como las grandes distancias en distritos extensos— complican aún más la posibilidad de centralizar centros de detención o rehabilitación.
Otro aspecto clave es el rol de las víctimas. La norma contempla asistencia jurídica y psicológica, así como la posibilidad de participación en audiencias y en instancias de mediación penal restaurativa, aunque persisten dudas sobre cómo se garantizará efectivamente ese acompañamiento.
Mientras el debate se traslada ahora a la reglamentación, el interrogante principal sigue siendo cómo el Ejecutivo y el Poder Judicial de Argentina lograrán aplicar una ley que busca equilibrar responsabilidad penal, derechos de los menores y protección social, en un contexto donde los delitos graves representan un porcentaje menor dentro de la franja etaria de 14 a 18 años, pero donde la demanda de respuestas concretas es cada vez mayor.
