Mientras un cuarto de los usuarios del transporte interurbano debe abonar el boleto al 100% por falta de terminales electrónicas, la provincia aportó más de $706.000 millones en impuestos a los combustibles sin recibir fondos nacionales de retorno para el sector.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, elevó un firme reclamo ante la administración central de la Nación para exigir la inmediata expansión del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a la totalidad de las líneas del transporte interurbano de pasajeros. Desde la Casa Gris sostienen que la quita total de los subsidios al transporte en el interior y la decisión de concentrar la asistencia únicamente en la Tarifa Social Federal agudiza las asimetrías estructurales frente al AMBA, perjudicando de manera directa a los santafesinos.

Actualmente, el 25% de las órdenes de pasajes interurbanos dentro del territorio provincial se comercializan por fuera de la red SUBE. Esta limitación tecnológica y burocrática priva automáticamente a miles de usuarios vulnerables de acceder a las bonificaciones federales, forzándolos a costear el valor total de la tarifa regulada.

«Es necesario que Nación amplíe la red para alcanzar al 100 % de las empresas santafesinas y cerrar la brecha que hoy existe entre los propios usuarios de la provincia», sentenció el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El funcionario precisó que, analizando la estadística mensual del sector, se registraron 2.571.527 pasajes totales, de los cuales 698.071 se cancelaron sin el beneficio de la SUBE y 1.892.446 mediante el dispositivo electrónico. «Hubo santafesinos que, pudiendo pagar solo el 45 % del boleto por la Tarifa Social, debieron abonar el 100 %», criticó.

Radiografía del desfinanciamiento: Lo que Santa Fe aporta y no vuelve

El pedido se encuadra en el complejo panorama financiero desencadenado tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte del Ejecutivo nacional. Mientras las provincias debieron asumir plenamente el costo de sostener sus flotas comerciales, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa gozando de una cobertura absoluta del sistema SUBE y del acceso automático a los subsidios.

El impacto en las arcas y el esquema de recaudación local muestra cifras alarmantes:

  • Aporte multimillonario: Desde el inicio del año 2024, la provincia de Santa Fe transfirió a las arcas nacionales un total de $706.761 millones de pesos en concepto del impuesto a los combustibles.
  • Retorno insuficiente: De esa masa de recursos tributarios, solo regresaron a la provincia $133.000 millones —equivalente apenas al 19%—, de los cuales cero pesos fueron destinados al sistema de transporte de pasajeros.
  • Financiamiento propio: Ante la retirada de los fondos federales, la Provincia debió desembolsar $193.039 millones de pesos de sus recursos propios para garantizar el funcionamiento del transporte interurbano y cubrir el Boleto Educativo.

Casos testigos: La brecha económica en el mostrador

La falta de la infraestructura SUBE impacta de forma dispar según el corredor geográfico y la empresa que preste el servicio en la región:

  • Rosario – San Lorenzo: En este tramo integrado a la red, un beneficiario de la Tarifa Social abona $2.328 sobre un pasaje general de $5.174.
  • Rafaela – Bella Italia: Al utilizar firmas que carecen del lector electrónico, los pasajeros se ven obligados a abonar el valor total de $3.260, perdiendo la oportunidad de pagar la tarifa subsidiada de $1.467.
  • Las Toscas – Villa Guillermina: En el norte santafesino, el boleto plano cuesta $5.800 en ventanilla, una cifra que con el beneficio social SUBE implementado se reduciría de forma directa a $2.610.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, aseguró que se encuentran gestionando activamente la incorporación de las 30 empresas remanentes que aún faltan integrar al sistema provincial. «Hoy quienes no cuentan con SUBE pagan más y reciben menos ayuda por una traba burocrática y tecnológica que el Gobierno nacional debe resolver», argumentó la funcionaria. Las gestiones formales e institucionales comenzaron en enero de 2024 y, tras dos años de expedientes reiterados ante sucesivos secretarios nacionales del área, Santa Fe sigue sin recibir respuestas concretas.