La Justicia Federal le puso un freno temporal al plan de reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsado por el Gobierno nacional. Tras una presentación judicial realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se ordenó suspender por seis meses la aplicación de las medidas que contemplaban cierres de dependencias, reducción de áreas y posibles despidos masivos.
La resolución, firmada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto (a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín), dispuso la suspensión inmediata de la Resolución 20/2026 promovida por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich.
Los fundamentos del fallo
Al fundamentar su decisión, el magistrado advirtió que la resolución oficial presenta indicios de arbitrariedad e ilegalidad debido a la falta de fundamentos suficientes, posibles contradicciones con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la utilización de normas cuya vigencia fue puesta en duda.
Además, remarcó que avanzar con este plan de ajuste podría afectar gravemente derechos fundamentales vinculados al acceso a la ciencia y la tecnología, la alimentación, la agricultura familiar y la estabilidad laboral en el ámbito estatal.
¿Qué medidas quedan suspendidas?
Entre los principales puntos que el fallo impide ejecutar durante los próximos seis meses se encuentran:
- El cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y la eliminación de nueve agencias territoriales.
- La transferencia, venta o subasta de bienes inmuebles (que iban a pasar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado) y equipamiento técnico.
- Los traslados de trabajadores y los pases a disponibilidad.
- Las desvinculaciones y despidos de personal técnico o administrativo.
Impacto en los retiros voluntarios
La cautelar también frena de lleno el programa de retiros voluntarios dirigido a empleados de planta permanente que el INTA había oficializado recientemente en el Boletín Oficial.
Este esquema establecía una gratificación extraordinaria equivalente a un sueldo y medio por año trabajado, pero con la condición de no poder volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional durante cinco años. Según habían denunciado las organizaciones gremiales, el objetivo final de este programa era reducir la dotación del organismo en alrededor de mil trabajadores.
Desde ATE celebraron el revés judicial al Ejecutivo. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, afirmó que esta decisión vuelve a poner en discusión la legalidad de las medidas adoptadas y ratificó que continuarán resistiendo en todos los ámbitos las políticas de achicamiento sobre organismos estratégicos.
