El debate en torno a la regulación de la actividad de los cuidacoches (conocidos popularmente como «trapitos») sumó un nuevo capítulo en la Legislatura santafesina. Tras ser votado y modificado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley regresó a la Cámara de Senadores para su tratamiento definitivo.
En diálogo con Canal 4 Regional, la directora del Equipo de Pastoral Social de Rosario, Viviana Wille Bille, se mostró conforme con el rumbo que tomó la discusión legislativa y remarcó que el texto actual recepció la mirada que la institución venía sosteniendo en los espacios de diálogo comunitario. «El texto que se aprobó de alguna manera ya ha modificado la situación: no es una prohibición sin más, sino que distingue situaciones».
Distinguir entre la necesidad de subsistencia y el delito
Para la referente de la Pastoral Social, es fundamental superar la discusión binaria de «trapitos sí o trapitos no» para comprender las complejas realidades de vida que atraviesan a quienes ejercen esta actividad en la vía pública. El nuevo despacho legal establece una clara diferenciación entre dos sectores contrapuestos:
- Trabajadores por necesidad: Aquellas personas en situación de extrema vulnerabilidad social que «se rebuscan la comida del día para sí o para su familia» cuidando o limpiando vehículos.
- Organizaciones delictivas: Aquellas personas que delinquen de forma individual o que forman parte de entramados mafiosos organizados, los cuales explotan a los cuidacoches y generan situaciones de extrema violencia, principalmente en espectáculos públicos.
«Aportamos nuestro espíritu para que la norma salga lo mejor posible. Hemos sido muy amablemente escuchados».
El rol de los municipios y el fin de la extorsión
Wille Bille detalló que, a partir del texto que volvió al Senado, la prohibición y la consecuente aplicación de sanciones penales o contravencionales se activarán bajo supuestos muy específicos:
- Se requerirá que la actividad se realice sin autorización previa.
- Deberá existir una norma prohibitiva de nivel local (es decir, cada municipalidad tendrá la facultad de prohibir la actividad en determinadas zonas o circunstancias específicas).
- Se sancionará penalmente a quien exigiere, impusiere o requiriere una retribución de manera intimidatoria, compulsiva o violenta.
Por este motivo, la Directora aclaró que no caerán dentro de la prohibición aquellos casos donde exista un mutuo y libre acuerdo entre el conductor y la persona que limpia el parabrisas, lava el auto o cuida el estacionamiento, siempre y cuando no medie ningún tipo de coacción o exigencia violenta.
Acompañamiento social, salud mental y oficios
Finalmente, desde la Pastoral Social celebraron que la media sanción incorpore de manera expresa políticas públicas de fondo para contener y prevenir la problemática. El proyecto de ley prevé que el Estado deba realizar esfuerzos concretos en materia de:
- Capacitación y formación en oficios para brindar salidas laborales formales.
- Atención integral a la salud mental.
- Abordaje y tratamiento de las adicciones.
